El control y fiscalización de las operaciones financieras en Perú


El control y fiscalización de las operaciones financieras en Perú

El 2021 despertó a todo el mercado financiero peruano con la noticia del control de las operaciones financieras bancarizadas por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). La norma precisa que desde 2021 las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informarán los saldos acumulados superiores a un promedio de S/10,000 mensuales que posea una persona o empresa en sus cuentas bancarias. Se hace evidente que la formalización de la economía peruana necesita de mayores esfuerzos y requiere hacerla Política de Estado, sin embargo, es oportuno conocer algunos puntos que nos ayudarán a formar un mejor juicio sobre este mecanismo y reflexionar sobre su eficacia. A continuación, citamos algunos:




El nivel de bancarización en el Perú apenas llega al 40%. La gran mayoría de la población maneja el dinero fuera del sistema financiero formal. Por lo tanto, un control sobre los saldos de las cuentas desincentivaría el ingreso al sistema, alejándolos y propiciando un mayor uso del dinero físico. La falta de canales de atención y la desconfianza son algunos de los factores que limitan el ingreso al mercado de la gran mayoría de la población. Además, hablar de bancarización no necesariamente es hablar de inclusión financiera debido a que no aportaría a la lucha de la formalización de las operaciones. En síntesis, la norma está enfocada en una parte de la población bancarizada como veremos a continuación.

Bajo la perspectiva del estudio de los niveles socioeconómicos (NSE) que se usa en el país por décadas, las personas que tienen ingresos familiares mensuales promedio (y bancarizados) de S/12,660 o más (aproximadamente USD 3,500), entre otras características, se les denomina NSE A, siendo el mayor nivel socioeconómico de la pirámide y quiénes apenas llegan a ser el 2% de la población según un estudio de IPSOS en 2020. Si bien es cierto estos ingresos formales se asumen como bancarizados y que se utilizan cuentas bancarias para hacer diversas transacciones, el resto de personas no tiene estos niveles de ingresos (NSE B con S/7,020, NSE C con S/3,970, y siguen bajando), por lo tanto, el tamaño de la población objetivo a analizar por SUNAT se reduce drásticamente.

La economía informal en Perú representa casi 20% del PBI, dentro de ella la informalidad laboral está presente no solo en los más pobres sino también en los trabajadores con mayores ingresos. Según la ENAHO-2014 y la definición de empleo informal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la cuarta parte de los ocupados más pobres tiene una tasa de empleo informal de 99%, mientras que la cuarta parte de los trabajadores más ricos tiene una tasa de 33%. Por lo tanto, existen indicios suficientes para enfocarse en los trabajadores de altos ingresos quienes probablemente tengan fuentes informales de generación de riqueza.

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) fue creado en 2003 y ejecutado desde 2004 con el propósito de gravar determinadas transacciones financieras bajo el marco de la lucha contra la evasión de impuestos y formalización de la economía. Es decir, ya existe un mecanismo de control y seguimiento de las transacciones desde hace 16 años. Hoy en día, este impuesto grava toda transacción financiera superior a S/3,500 soles con el 0.005%. Recaudó en 2020 un poco más de S/224 millones de manera directa y S/2,000 millones por fiscalizaciones que SUNAT ha realizado con esta información según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las personas excluidas del sistema usan canales de atención bancarios de manera indirecta a través de conocidos, familiares o pequeños negocios. Por necesidad logran cobrar, transferir y pagar a través de terceros. Históricamente en el Perú rural se utilizan giros, agencias de transporte y ahora algunos pequeños negocios utilizan billeteras digitales como Yape o Plin como mecanismo de transferencia rápida llegando a cobrar hasta 5 soles por cada 100 soles transferidos a cada usuario que les solicita el servicio, o sea, el costo es similar al de los operadores de tarjetas. Por lo tanto, ¿qué pasará con estos pequeños negocios que bancarizan fondos? ¿Qué pasará con la tenencia de dinero físico en el bolsillo? ¿qué pasará con el que desconoce de esta normatividad y sigue “prestando” su cuenta para ayudar a un conocido?

Según el portal de Transparencia Internacional, el Perú ocupa la posición 104 de 180 países en total en el ranking de percepción de corrupción, siendo percibido como altamente corrupto. Los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país consisten en un índice compuesto que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas en un período de tiempo. Este portal define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. Por otro lado, el World Economic Forum 2019, ubica al Perú en el puesto 94 de 141 en el pilar de Institucionalidad (fortaleza de sus instituciones), teniendo a la seguridad como uno de los factores con peores puntuaciones en el ranking global, dando una sensación de falta de confianza generalizada en las instituciones públicas, lo cual lo puede constatar claramente el ciudadano de a pie. Teniendo esto como premisa, ¿Qué seguridad y mecanismos de control se establecerán en la transferencia de información de SBS a SUNAT? ¿Cómo confiar en que la información llegará a buenas manos? ¿Cómo responsabilizar al Estado por alguna fuga de información?

Es cierto que se está buscando cumplir con algunos estándares internacionales para ingresar al grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a raíz de ello el Perú promulgó algunos decretos que implementan las recomendaciones de la OCDE y otras normas en áreas como el medio ambiente, la gestión de residuos, la transparencia y el intercambio de información en materia fiscal, política reglamentaria, soborno transfronterizo, integridad y desarrollo rural y urbano. Sin embargo, de cara a una mejor eficacia de la norma, las instituciones peruanas deben 1) garantizar la inviolabilidad de la información para quienes la manejan de manera transparente dentro del sistema (formales), 2) promover la inclusión financiera en la base de la pirámide lo que ampliaría la base tributaria y 3) educar en materia financiera a las poblaciones más vulnerables quienes podrían pagar los platos rotos en la ejecución de la norma.

Escrito por: Alfredo Cardoso
Edición: Dante León

Fuentes:

Ipsos

INEI

IPE

Transparency

Weforum

OECD

Ceplan

Diario El Comercio

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